La Corte Constitucional despenalizó el suicidio medicamente asistido que antes daba penas de prisión de hasta 36 meses.  Esta práctica solo se podrá llevar a cabo en el momento que una persona manifieste su consentimiento libre de  no querer seguir viviendo a causa de tener el diagnóstico de una enfermedad incurable que le esté sometiendo a sufrir dolores físicos y psicológicos. Por medio de una demanda presentada por el Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB) que tenía como objetivo que los profesionales de la medicina que prestaran una ayuda para que otra persona ponga fin a su vida bajo ciertas condiciones, no reciban un castigo penal. La Corte Constitucional votó a favor de la despenalización con un resultado de 6 votos a favor y 3 en contra.

En el suicidio asistido el paciente ejecuta las acciones que terminan con su vida, acompañado de especialistas médicos. A diferencia de la eutanasia en la cual son los profesionales de la salud los encargados de suministrar los medicamentes que ponen fin a la vida del paciente.