El Senador Fabian Diaz ha elevado una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el derecho de los concursantes al acceso equitativo a las funciones públicas en la Fiscalía General de la Nación, según lo estipulado en el artículo 24 literal C de la Convención Americana de Derechos Humanos.

“No es posible que existiendo dos mil (2.000) vacantes sin nombramientos en la entidad, no se designen a estos solicitantes”, aseguró el Senador Fabian Diaz.

La Fiscalía General de la Nación enfrenta una problemática significativa: hay 17,000 cargos en provisionalidad. Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena que se oferten la totalidad de estas vacantes, subrayando la necesidad de llenar estos puestos con candidatos seleccionados mediante concurso de méritos, conforme al Acuerdo 001 de 2023.

El Senador Diaz destacó que, en gestiones anteriores, la Fiscalía ha recurrido a la provisionalidad para el nombramiento de personal, relegando a quienes han demostrado su capacidad a través de concursos de méritos. “Durante años, en la Fiscalía ha reinado la ‘dedocracia’ para designar funcionarios, en lugar de respetar la meritocracia de los candidatos elegibles por concurso de méritos,” señaló el Senador Fabian Diaz.

Esta situación no solo afecta a los concursantes que han demostrado sus méritos, sino que también tiene repercusiones significativas en el funcionamiento de la Fiscalía. Las organizaciones sindicales dentro de la entidad han denunciado la sobrecarga laboral que sufren sus miembros, lo cual contribuye a los altos índices de impunidad en el ente acusador. La lucha sindical en la Fiscalía busca aliviar estas cargas y promover una gestión más eficiente y justa.

La solicitud del Senador Diaz ante la CIDH pretende asegurar que las vacantes se asignen de manera justa y equitativa, en cumplimiento con los principios de igualdad y mérito. La intervención de la CIDH podría ser un paso crucial para garantizar la transparencia y la justicia en los nombramientos de la Fiscalía General de la Nación, contribuyendo así a la mejora de su eficiencia y credibilidad.

La resolución de esta situación es esencial no solo para los concursantes afectados, sino también para el fortalecimiento institucional de la Fiscalía y la confianza pública en el sistema de justicia colombiano.