Tras el escándalo por posibles pagos de coimas a diferentes funcionarios en los proyectos OCAD-Paz, en un detrimento calculado en  de $500.000 millones, el senador Fabian Diaz propuso la realización de un debate de Control Político en el congreso, solicitando la presencia de los ministros de Hacienda, Transporte, Agricultura, Vivienda y Minas y Energía.

El presunto entramado de corrupción salió a la luz al conocerse las confesiones de varios alcaldes de municipios que denunciaron la exigencia del pago de coimas entre el 6% y 10 % del valor total de los proyectos para que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación aprobaran los proyectos que se tendrían en cuenta. Según los testimonios, sin el pago de las coimas, los proyectos se regresaban o eran negados.

Una parte de estos recursos terminaron en empresas mixtas con el objetivo de evadir procesos licitatorios y contratar estos proyectos de manera directa y sin todos los requisitos y el debido cumplimiento de la ley 80.

“Los recursos del OCAD que se esperaban ejecutar para el término de 10 años, que iban dirigidos principalmente para el mejoramiento de infraestructura, agua potable, desarrollo de vías, entre las miles de necesidades presentadas por los municipios PDET ahora serán un incierto en los próximos años toda vez que entre el año 2019 y 2022 se han invertido más de 6,6 billones de pesos en recursos de regalías para la paz, los que no garantiza en el tiempo la inversión a los demás municipios PDET para la satisfacción de todas las necesidades que dejó el abandono de la guerra”,  se puede leer en la proposición de debate de control político del senador Fabian Diaz.

La Directora del Departamento Nacional de Planeación, el  Alto Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación,  la Contraloría General  y Procuraduría General fueron invitados al debate de control político.

Fabian Diaz reitera la importancia de llevar a cabo el debate por la falta de acciones realizadas por parte del Gobierno Duque para frenar las afectaciones a los recursos públicos y esclarecer los presuntos actos de corrupción.