El Senador Fabián Díaz y el Profe Ferley han presentado una denuncia alarmante acerca de la delicada condición del puente metálico recién inaugurado en Cepitá, Santander. La estructura, inaugurada hace apenas dos meses por el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, con un presupuesto de más de $1.200 millones de pesos, muestra signos evidentes de un posible colapso.

 

Las cintas de inauguración, cortadas recientemente por Mauricio Aguilar, fueron sustituidas por cintas de peligro por los habitantes de Cepitá, indicando la necesidad urgente de clausurar su uso. Mediante una transmisión en vivo, Fabián Díaz y el Profe Ferley documentaron las grietas surgidas en el inicio del puente; el soporte que mantiene los cables tensionados, esencial para la estabilidad del puente colgante, se encuentra completamente inoperable.

En su denuncia, Fabián Díaz y el Profe Ferley captaron los testimonios de la comunidad de Cepitá, quienes expresaron los riesgos al intentar cruzar el puente, vital para la economía local, el acceso a colegios y el traslado de enfermos a hospitales.

 

La comunidad, en el pasado, construyó un puente que ha funcionado por más de 50 años, en marcado contraste con la brevedad de los dos meses del puente inaugurado por Mauricio Aguilar. Este último, sin titubear, posó para las cámaras inaugurales, a pesar de las evidentes irregularidades señaladas por la comunidad.

 

En apoyo a los habitantes de Cepitá,  Fabian Diaz y el Profe Ferley denunciaron ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República estas irregularidades. Las denuncias involucrarán tanto a la Gobernación de Santander como a la alcaldía municipal de Cepitá, esta última responsable del Diseño Estructural de la obra.

Adicionalmente, se informará a las autoridades sobre el contrato de interventoría, ya que, aparentemente, la empresa contratada no desempeñó de manera adecuada su función, evidenciado por el inminente colapso del puente. El Senador Fabian Diaz y el Profe Ferley exigen la aplicación efectiva de la respectiva póliza contractual, demandando responsabilidad y transparencia en la gestión de los recursos públicos.