El congresista Fabian Diaz demandó ante la Corte Constitucional la Ley de Seguridad Ciudadana por vulnerar los derechos de libertad de expresión, debido proceso y reunión y protesta pacífica de los manifestantes. 

El gobierno Duque pretende con esta ley penalizar a los manifestantes que obstaculicen de manera temporal las vías de transporte con condenas de prisión de 24 a 48 meses. Además, de aplicar multas de 13 a 75 salarios mínimos legales. Según Fabian Diaz se estaría infringiendo las normas constitucionales que garantizan a toda persona la libertada de expresar y difundir su pensamiento y opiniones.

El senador Diaz señala en la demanda acerca de la ambigüedad del ARTÍCULO 264A AVASALLAMIENTO DE BIEN INMUEBLE argumentando que este artículo se podría interpretar como la prohibición de marchar pacíficamente en las calles, plazas, puentes y caminos, ya que este artículo indica que quien invada un bien de uso público en un colectivo de personas en incursión violenta o pacífica incurrirá en prisión de 48 a 120 meses.

La Corte Constitucional admitió la demanda al considerar que efectivamente sí se podría restringir el derecho a la protesta social. Además, determinó valido el cargo por desconocimiento del derecho al debido proceso porque la Ley de Seguridad aumenta las penas para los manifestantes que oculten su identidad por medio de máscaras o elementos similares, pero deja un gran vacío al no mencionar de manera concreta a qué tipo de elementos de ocultación se refiere, permitiendo una amplia y subjetiva interpretación de la norma.